¿Hasta cuándo el silencio?

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La impunidad es la política de Estado que impide al pueblo uruguayo juzgar a quienes cometieron o fueron cómplices de crímenes contra miles de militantes que enfrentaron el modelo económico, el cual se terminó imponiendo con la dictadura terrorista y que hasta el día de hoy sigue vigente. La importancia de este debate es estratégica para el movimiento popular, no solo por la necesidad concreta de hacer justicia, sino porque los mismos sectores sociales que impulsaron el terrorismo de Estado como forma de imponer los cambios que necesitaban en su momento, siguen hoy día dominando la sociedad. Pretendemos interpelar a la situación actual y hacer un llamado al debate respecto al camino que debe tomar el movimiento popular para garantizar de una vez por todas verdad y justicia.

Desde el año 1955 en nuestro país se desarrolló una crisis económica que conlleva a un aumento en la tensión social, la que es expresión particular de la crisis que empezaba a nivel mundial y que marca el fin de la coyuntura extraordinaria que le siguió a la posguerra. El agotamiento del neobatllismo de Luís Batlle Berres golpeado por cambios que se venían operando internacionalmente (reestructuras de mercados y sistemas de producción) y los cambios en la estructura económica de nuestro país, donde se terminan de imbricar los principales sectores de la burguesía con el capital financiero, principalmente el norteamericano, ponen sobre la mesa la necesidad de impulsar un conjunto de medidas de ajuste fondomonetarista. Estos años fueron enmarcados por un aumento en la sindicalización, la elevación del nivel político de los reclamos de los trabajadores organizados, el endurecimiento y la radicalización de las medidas de lucha y la creación de la Central Nacional de Trabajadores.

Ante estos niveles de organización de los trabajadores las clases dominantes contestan con las Medidas Prontas de Seguridad del gobierno de Pacheco Areco (1967-1972), incrementándose la represión institucional contra las manifestaciones populares. Es en estos años que asesinan a Líber Arce, Susana Pintos y Hugo de los Santos, entre otros. El 27 de junio de 1973, el presidente en funciones Julio María Bordaberry, con apoyo del ejército, da el golpe de Estado y disuelve las cámaras del parlamento.

Una conclusión necesaria en el proceso previo refiere a quiénes son los sectores de la sociedad interesados en que la represión del Estado llegara al punto de la toma del control del mismo por parte del Ejército. Estos fenómenos se dan en un escenario de organización y combatividad popular ascendente, que venían resistiendo las medidas de ajuste que el capital financiero y la burguesía local demandaban. El objetivo de la dictadura, fue entonces, garantizar la explotación del pueblo uruguayo en un escenario económico desfavorable y desarmar y desarticular al movimiento popular.

La misma madrugada que se desarrolla el golpe de Estado comienza la huelga general más larga de la historia de nuestro país, donde se mantuvieron bajo control obrero importantes sectores de la economía. El 30 de junio se desata la ofensiva contra el desarrollo de la huelga llevándose a cabo operativos de desalojo contra la ocupaciones. Según el documento conocido como «de las tres F»: «El trato represivo alcanza una violencia extrema, sin lograr el ablande de los trabajadores y militantes que reocuparon sus fábricas». Lo que demostraba también el grado de organización y compromiso planteado por la clase obrera en resistencia. 

El proceso de dictadura cívico militar deja como saldo aproximadamente 197 desaparecidos, de la gran mayoría se desconoce el paradero. La dictadura desarrolló organizadamente la represión, creando centros de detención clandestinos donde se asesinó y torturó a militantes sociales y coordinando con el resto de los gobiernos dictatoriales del continente para lograr de la mejor manera posible la desaparición forzada de personas, a través del Plan Cóndor.

La apertura democrática y el fin de la dictadura se acuerda en 1984 en el llamado Pacto del Club Naval, en reuniones secretas llevadas a cabo entre representantes del Partido Colorado, la Unión Cívica y el Frente Amplio, sin el Partido Nacional que decidió no sentarse a negociar mientras existieran proscritos. Se acuerda llamar a elecciones para noviembre de ese año donde es electo Julio María Sanguinetti, bajo su gobierno se aprobaría la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. 

Esta ley entre otras cosas sienta las bases de la impunidad en nuestro país al declarar caduco el  «ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1ro de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto». Esto imposibilitó durante años siquiera la investigación de lo ocurrido en torno a torturas, desapariciones y otros crímenes cometidos así como juzgar a quienes los llevaron a cabo.  No es hasta el año 2000 durante el gobierno de Jorge Batlle que se da alguna señal en el sentido de recabar datos e investigar al respecto, con la creación de la llamada «Comisión para la Paz» integrada por representantes de los partidos tradicionales, el Frente Amplio, el Arzobispo de Montevideo y José D’elía. Esta comisión elabora y presenta un informe al Poder Ejecutivo en 2003, que lo aprueba bajo la mirada crítica de muchas organizaciones sociales.

A partir de la asunción del Frente Amplio al gobierno en 2005, se plantea un compromiso con la búsqueda de verdad y justicia, y se inician acciones en tal sentido, muchos sectores del pueblo uruguayo depositaron esperanzas en la mismas y creyeron estar asistiendo al fin de la impunidad en nuestro país. +

Discursivamente el Frente Amplio ha tomado como bandera propia la pelea por verdad y justicia, sin embargo no ha levantado las trabas institucionales que existen en la búsqueda de desaparecidos sino que más bien las ha perpetuado y renovado. Haciendo un balance, los avances específicos en búsquedas parecen escasos, en tanto no se ataca de raíz el problema. En primer lugar, la vigencia de la ya mencionada Ley de Caducidad perpetúa el marco legal de la impunidad, y teniendo la mayoría parlamentaria para derogarla, no lo hicieron. 

Tras haberse perdido en 2009 el plebiscito para su derogación, el Frente Amplio impulsa en 2010 la aprobación de una Ley interpretativa de la Ley de Caducidad, con grandes discrepancias a la interna que fueron de público conocimiento, y la cual termina siendo declarada inconstitucional por la suprema corte de justicia en 2013, hecho que no tuvo una fuerte respuesta en contra ni por parte de la propia fuerza política ni del movimiento social en general. 

Por si esto fuera poco, recién a fines del 2019 se crea una institución que centralice la información respecto a las denuncias de crímenes de lesa humanidad, el avance de las causas, y asesore jurídicamente a los denunciantes. Este vacío histórico del Estado uruguayo perpetuado por todos los gobiernos que han sido parte, incluyendo al propio Frente Amplio, fue llenado por diversas organizaciones sociales de víctimas, familiares y variados actores del campo popular. Un claro ejemplo de ello es la creación y evolución histórica del Observatorio Luz Ibarburu (creado por el PIT CNT, Crysol, Madres y Familiares, apoyado por la FEUU entre otros), que surge para dar seguimiento al caso Gelman y se convierte en los hechos en auspiciante de diversas causas al punto de formar su propio equipo jurídico. Desde allí se denuncia desde un gran secretismo en el manejo de información de los casos que la justicia va procesando hasta la falta de voluntad política de atender las necesidades para el tratamiento de los mismos. Tras un año de solicitarlo se crea el Equipo Auxiliar de la Justicia en Crímenes de Terrorismo de Estado que funciona en la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio del Interior, que no cuenta con personal adecuado y está desaprovechada en su rol de auxiliar de la justicia, a la vez que las unidades de apoyo a las fiscalías fueron creadas cuatro años más tarde de lo Indicado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

En números concretos y de acuerdo al último informe publicado por el Observatorio en 2017, hubo 42 procesamientos en 22 expedientes, 13 expedientes alcanzaron condena, de las 20 personas condenadas, 1 cumplió condena, 3 fallecieron y 16 siguen detenidos, 6 en prisión domiciliaria y 10 en prisión efectiva. Del total de procesamientos, sólo 3 siguen en trámite de investigación, 7 fueron revocados y 5 procesados fallecieron antes de llegar a una sentencia definitiva. Como último elemento que refleja la falta de investigación al respecto, el informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo presentado en mayo de 2020 refleja que únicamente se ha cubierto el 3,6% del área de los predios en los que se deben realizar las excavaciones.

A 35 años del fin de la dictadura cívico militar vemos que los intereses que utilizaron el terrorismo de Estado contra las organizaciones sociales y políticas siguen presentes y continúan protegiendo a quienes fueron sus agentes. La búsqueda de verdad y justicia no debe ser una una consigna vacía mantenida en el tiempo a modo de tradición. La vigencia de la impunidad en nuestros tiempos requiere una reflexión sobre el carácter del Estado en sí mismo, más allá de los distintos gobiernos, como una herramienta para la opresión que impone a la sociedad las demandas de las clases dominantes. Y al mismo tiempo señalar a los cómplices de ésta en el sistema político ya que nuevamente, como vemos año tras año, muchos toman hipócritamente las consignas de Verdad y Justicia. Solo desenmascarando a los verdaderos responsables de la impunidad de ayer y de hoy es posible obtener avances reales. Si la impunidad se mantiene, quiere decir que los intereses de quienes formaron parte y se beneficiaron con la dictadura siguen conduciendo el Estado. 

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