Por qué trabajamos por un nuevo protocolo contra el acoso

Desde el primer día y todos los días construyendo la educación pública

Hace un tiempo se viene evidenciando dentro de la Universidad una problemática que no es nueva, y que entendemos que debe preocuparnos desde el movimiento estudiantil: las situaciones de acoso y violencia que se viven dentro de nuestra casa de estudios.

Desde el FPE nos propusimos abordar el problema, tanto fomentando crear conciencia sobre la necesidad de combatir estas prácticas y sobre el origen de las mismas en nuestra sociedad, como estudiando el tema y aportando insumos concretos para la discusión sobre cómo debería actuar la Universidad frente a estas situaciones.

El acoso y la violencia no son patrimonio del ambiente universitario, sino que se dan en todos los ámbitos de nuestra sociedad, y afectan principalmente a las mujeres. Esto se debe a que vivimos en una sociedad en la cual a la mujer se la ha relegado a un rol secundario. Sobre la mujer recaen principalmente las tareas sociales a las cuales se les atribuye el menor valor, por el hecho de no considerarse productivas: tareas no remuneradas como las de cuidado y del hogar. Además, acceden en menor medida al mercado laboral que los hombres, y la mayor parte de las mujeres que acceden, lo hacen a trabajos más precarios que los hombres y peor remunerados. Esto genera que sean desplazadas a un papel de inferioridad, lo cual también se expresa a nivel cultural: suelen ser consideradas un objeto, denigradas y violentadas.

Dado que esta violencia tiene raíces en la forma en la que se organiza el trabajo en la sociedad, entendemos que la situación de la mujer solo podrá cambiar radicalmente el día que cambie el sistema económico y social en el que vivimos.

No obstante, nos parece urgente que desde los distintos espacios e instituciones se generen mecanismos de acción para atender las situaciones de acoso y violencia que se presenten, y logren dar una respuesta a las personas que se encuentran en una estado de vulnerabilidad o riesgo.

Desde el 2013 existe en la Universidad la Comisión de Prevención y Actuación ante el Acoso y la Discriminación, y existe también un protocolo que establece los objetivos de la comisión y cómo se realiza el tratamiento de las denuncias. Hoy en día, en la UdelaR se encuentra en discusión este protocolo, con vistas a reelaborarlo. Esta es una discusión que entendemos que es necesario priorizar, ya que los mecanismos que han existido hasta ahora tienen muchas deficiencias. Vemos cómo, si bien el tema se ha puesto sobre la mesa, aún no se ha avanzado sustancialmente en la discusión y elaboración por parte de los distintos colectivos que integran la Universidad.

Frente a este escenario, desde el FPE comenzamos un proceso de estudio y análisis sobre cómo entendemos que debería ser un nuevo protocolo, y establecimos algunos lineamientos que nos parece importante impulsar.

Al momento de pensar un nuevo protocolo entendemos fundamental que se consideren ciertos principios básicos, que sean pilares del mismo y que guíen el accionar. Entre estos principios incluimos la confidencialidad de las situaciones que se traten, la prohibición de represalias por el hecho de realizar una denuncia, la celeridad, la prioridad según el riesgo que estén corriendo las personas involucradas, el respeto e imparcialidad al momento de procesar denuncias, y el acceso universal para todas las personas vinculadas a la Universidad.

Para que tanto el protocolo como cualquier otra política que se desarrolle de cara a combatir estos problemas, no quede en los papeles y pueda efectivamente cumplir con sus objetivos, hace falta el compromiso político de la Universidad y de quienes la integramos, y es necesario que se le asigne el presupuesto y los recursos necesarios. Por ejemplo, contando con el personal técnico especializado que requiere, y con los medios necesarios para difundir la información y los mecanismos existentes.

Podemos decir con seguridad que gran parte de los estudiantes hoy en día no conoce a dónde debe dirigirse para asesorarse sobre esta temática, ni cómo comenzar un proceso de denuncia. Por lo cual la difusión nos parece un aspecto fundamental.

Más allá de la reelaboración del protocolo, también es importante que la Universidad pueda avanzar en otros aspectos que forman parte de la política para enfrentar el acoso y la violencia. Por un lado, entendemos que es necesario que se establezca claramente qué comportamientos son los esperados y permitidos dentro de la Universidad y cuáles no lo son, y que todas las personas que forman parte de la institución puedan tenerlo claro. Esto podría plasmarse en un código de ética. 

Por otro lado, nos parece necesario que la Universidad pueda hacerse cargo de brindar atención legal, médica o psicológica en los casos que un estudiante o trabajador de la institución esté pasando por una situación de violencia, incluso si la situación trasciende a la Universidad y está vinculada a otros ámbitos. No solo desde el punto de vista de realizar una evaluación y diagnóstico, sino también pudiendo brindar la atención necesaria y realizar cierto seguimiento.

Si bien nos parece fundamental avanzar en la creación y mejora de mecanismos de prevención, denuncia y atención, tenemos claro, cómo ya fue mencionado, que la existencia de un protocolo, tanto como cualquier política institucional en la línea de combatir y tratar estos problemas, no va a ser la solución absoluta ni va erradicar la violencia dentro de la Universidad. Para combatir el problema de raíz, es fundamental reforzar la lucha y que el movimiento de mujeres cobre una mayor fuerza y organización, y pueda levantar una agenda propia que avance en los problemas reales que afectan a la mayoría de las mujeres.

Invitamos a todos los integrantes de la Universidad a involucrarse en esta discusión y a intercambiar sobre nuestras posiciones. Seguiremos combatiendo el acoso, violencia y discriminación desde todos los espacios, e impulsando el debate para que la Universidad avance en este sentido.

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